No todo son reformas estructurales

Es un hecho que la economía se encuentra en una etapa de desaceleración, si no que de estancamiento, tal como lo muestran diferentes indicadores de actividad económica (ventas al menudeo, creación de empleos en el sector formal de la economía, importaciones de bienes de insumos intermedios y de bienes de capital, etcétera). La lenta recuperación de la economía estadounidense, la caída en el sector de la construcción derivada de la crisis en la que se encuentran las empresas constructoras de vivienda, el subejercicio del gasto público (particularmente en infraestructura) y otros, explican en gran medida el muy bajo crecimiento que se registró durante el primer semestre del año. Y es por ello que las expectativas de crecimiento para 2013 se han revisado a la baja, siendo el último consenso de 2.8%, cuando a principios del año se esperaba uno de 3.5%. Inclusive, el 2.8% es elevado ya que para lograrlo, el crecimiento durante el segundo semestre tendría que estar arriba de 3.5%, lo cual se ve difícil de alcanzar. El gobierno apuesta a que las diferentes reformas estructurales (educación, telecomunicaciones, financiera, energética, fiscal y protección social) detonen en crecimiento económico para alcanzar tasas cercanas al 6%. Sin embargo, aunque todas estas reformas se materializaran en el segundo semestre, lo cual se ve complicado dado el ambiente poco propicio para ello en el Congreso, su impacto sobre el crecimiento se daría en el mediano plazo. Pero más peligroso aún, es caer en la trampa de los dos sexenios anteriores, en los cuales se justificó el mediocre crecimiento porque esas mismas reformas no fueron aprobadas y no hacer otras cosas que ni siquiera tienen que pasar por el Congreso. Aunque las reformas señaladas fuesen aprobadas, tanto al nivel constitucional como de leyes secundarias y reglamentos (proceso sumamente lento como lo hemos visto en educación y telecomunicaciones), aun persisten muchos otros elementos de carácter institucional que impiden alcanzar mayores tasas de crecimiento y sobre las cuales no se actúa. Entre éstas barreras al crecimiento económico destacan la ineficiente protección de los derechos privados de propiedad por parte del poder judicial, particularmente en las entidades federativas, mismas que no garantizan el expedito y eficiente cumplimiento de contratos; una notoria excesiva e ineficiente regulación de los mercados en los tres órdenes de gobierno que deriva, además de en una notoria corrupción, en una barrera a la constitución formal de empresas y a su crecimiento; una alta incidencia de corrupción en los contratos de obras públicas; altos costos de la energía eléctrica para el sector industrial para “compensar” el enorme e injustificado subsidio a las tarifas residenciales; altos costos y desabastecimiento de gas natural para el sector industrial; notoria ineficiencia y desperdicio de recursos por parte de los gobiernos federal, estatales y municipales; persistencia de prácticas monopólicas en los sectores gubernamental y privado; altas barreras cuantitativas y cualitativas a la importación proveniente de países con los cuales no hay acuerdos de libre comercio; una ridículamente baja (0.5% del PIB) en investigación en ciencia y tecnología; y más. Prácticamente, casi todo lo señalado en el párrafo anterior, se puede resumir en una sola frase: “vivimos en una economía caracterizada por un arreglo institucional que favorece y premia la extracción de rentas”. Es claro que si no se actúa sobre estos y se transita hacia una economía que incentive y premie la acumulación de riqueza generalizada, aún cuando pasen las reformas estructurales, su impacto sobre el crecimiento económico, además de ser menor, se tardará más tiempo.

Destruir al capitalismo

Marx y Engels sugirieron como una medida, entre otras, para destruir al capitalismo, la introducción de un impuesto a la renta de las personas físicas progresivo. La razón detrás de esta sugerencia es que a medida que los individuos enfrentan mayores tasas impositivas sobre su ingreso, menor será el incentivo en el margen para trabajar más y, más aún, menor el incentivo para acumular riqueza. Sin embargo, la introducción del ISR progresivo a los ingresos individuales, al desincentivar la generación de riqueza también desincentiva el crecimiento económico, siendo éste la principal forma de abatir la pobreza. Resulta entonces paradójico, por decir lo menos, que en eso estén pensando en las autoridades hacendarias en México. Aumentar las tasas del ISR y la progresividad de la tabla, inducirá a que más gente opte por la actividad informal (realmente ilegal), lo cual resultará, además de en una menor recaudación tributaria, en una menor productividad, menor crecimiento económico y mayor pobreza.

Atentar vs la propiedad privada

Hay varias maneras mediante las cuáles el gobierno puede atentar en contra de los derechos privados de propiedad. Un rápido listado de las más importantes:

a)expropiación sin que haya una clara causa de utilidad pública. Solamente se pueden expropiar recursos privados si es para que el gobierno ofrezca bienes públicos, es deciraquellos que tienen como características la no rivalidad y la no exclusión en el consumo, tales como seguridad nacional, seguridad pública, impartición de justicia, alumbrado público, etc. (Gasolina, electricidad, servicio postal, etc. no son bienes públicos. Son bienes privados ofrecidos por el gobierno).

b)expropiar sin una indemización que cubra el valor de mercado de los recursos expropiados.

c)un poder judicial que no sea independiente e imparcial y que por lo mismo no garantice el cumplimiento de los contratos entre particulares y entre éstos y el gobierno.

d)permitir la comisión de delitos impunemente.

e)permitir, solapar el comercio ambulante. Permitir la apropiación privada de bienes públicos.

f)imponer controles de precios.

g)establecer tasas impositivas expropiatorias.

h)forzar al sector privado a una asignación de recursos centralmente definida.

i)limitar la libertad de expresión.

j)permitir las prácticas monopólicas, gubernamentales o privadas.

k) establecer barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional.

l)establecer controles a los movimientos de capitales.

¿Quién de los actuales candidatos a la presidencia haría todo lo anterior?

¿Necesitamos a una izquierda?

Esta semana se supone se anunciará quién, entre Manuel Andrés López Obrador (el MALO) y Marcelo Ebrard, fue el ganador en las encuestas que se levantaron con el fin de definir quién de los dos será el candidato de la izquierda a la presidencia de la República. La moneda obviamente está en el aire, pero con los antecedentes del cochinero que siempre han sido las elecciones internas del PRD, dónde la “D” simplemente debería desaparecer ya que de demócratas no tienen nada, el resultado que arrojen las encuestas probablemente será desechado a menos, claro esté, que MALO se levante con un triunfo arrollador.
Dentro de la denominada “izquierda mexicana” se afirma que este proceso de elección del candidato presidencial, partiendo del heroico supuesto de que éste sería plenamente aceptado por el perdedor, revitalizaría a una alicaída corriente política. Y la pregunta que surge es si realmente necesitamos que en México (o en cualquier otra parte del mundo) haya un movimiento de izquierda que defienda a los individuos menos favorecidos (léase los pobres) y promueva las causas sociales más “progresistas” (lo que ello pudiese significar) y actué como un contrapeso a las “fuerzas retrógradas” representadas por la derecha. Mi opinión es que no. Así como no necesitamos de una izquierda, también deberíamos desechar a la derecha.
Se parte del supuesto de que un movimiento político de izquierda tiene como objetivo la maximización del “bien común”. El problema con esto es que es imposible definir qué es el “bien común” y refleja no lo que los individuos realmente quieren sino las preferencias del gobernante, quién asume un papel de “dictador benevolente”. Más aun, este dictador, queriendo que el resultado de las políticas públicas que adopte refleje sus propias preferencias, tenderá a reprimir y suprimir las libertades individuales, castigando a los que “tienen” para favorecer a los “que no tienen”. En su visión del mundo, cada individuo, cada agente económico particular, no es más que un engranaje más en una maquinaria, centralmente diseñada y operada, que busca alcanzar esa quimera que es el bien común. El mejor ejemplo de esta corriente dentro de la denominada “izquierda mexicana” es MALO, a pesar de que en fechas recientes se haya vestido de corderito y afirme que él no está en contra de los empresarios bien ávidos, sino sólo en contra de aquellos que han hecho sus fortunas al amparo del poder, lo que él ha denominado como la “mafia del poder político y económico”. Ante esta posición, que tiene cierta validez, la pregunta es cómo actuaría la izquierda.
Uno debería suponer que lo que buscarían es la maximización del bienestar de los consumidores, mismo que debería ser el objetivo primario de cualquier política pública, buscando la igualdad de oportunidades promoviendo la existencia de mercados que operen en un contexto de competencia. El problema, sin embargo, es que este objetivo es lo último que efectivamente toman en consideración (como ejemplo ahí está la Norma 29 del DeFectuoso que, por favorecer a los locatarios de los mercados públicos, castiga directamente a los consumidores, particularmente a los de menores ingresos). En realidad, con esta visión de Estado, en donde el dictador benevolente quiere imponer su visión, lo que en realidad hacen es favorecer a grupos particulares de interés como son los sindicatos, además de ejercer una política fiscal expansionista resultante de toda una serie de subsidios distorsionantes, misma que a la larga es insostenible y que deriva en una crisis macroeconómica.
¿Queremos a una izquierda en el poder? (Continuará)

Medusa

Ser mitológico, hermosa doncella hasta que fue violada por Poseidón. Esto hizo que transformara su bello cabello en serpientes y su fin fuese convertir a todo aquél que la mirase en piedra. Medusa muere cuando Perseo le corta la cabeza y de su cuello brota Pegaso, el caballo alado.
Breve versión de esta parte de la mitología griega como introducción a un tema que está presente en nuestra sociedad, una enfermedad que nos agobia, serpientes que con su veneno minan el tejido social, un rostro horripilante que nos petrifica: la corrupción.
Vivimos en un país que está plagado de actos corruptos cuyo resultado es un menor nivel de desarrollo económico e, inclusive, una causa de la inequidad en la distribución del ingreso. Corrupción a todos los niveles, desde la adjudicación de contratos de obra pública, hasta poder contar con el servicio de limpia pasando por todos los trámites gubernamentales en los tres niveles de gobierno, poder acceder a servicios médicos, conectarse al servicio de energía eléctrica, recibir el correo, etcétera, un muy largo etcétera.
Según la última encuesta de Transparencia Mexicana, en los últimos diez años la incidencia de corrupción, como promedio nacional, prácticamente no ha cambiado. Según este estudio, durante el año pasado se cometieron alrededor de 200 millones de actos de corrupción a lo largo y ancho del territorio nacional, casi 800,000 eventos por cada día hábil. En todos estos actos de corrupción, se estima que las familias desembolsaron alrededor de 32,000 millones de pesos, en promedio el 14% del ingreso familiar, medida que esconde que para las familias de menores ingresos, la incidencia sobre su ingreso familiar es significativamente más elevado es decir, la corrupción tiene un efecto regresivo sobre la distribución del ingreso.
En todo acto de corrupción hay quién pierde y quién gana. Pierde el que tiene que pagar por recibir un servicio público o realizar un trámite; su nivel de bienestar se reduce porque esos recursos tienen un uso alternativo, principalmente el que podían haber sido destinados a la adquisición de bienes de consumo familiar. Ganan los funcionaros corruptos que se apropian de una renta ejerciendo ilegalmente su poder público. Lo que unos pierden lo ganan los otros; sin embargo no es un juego de suma cero, sino uno de suma negativa. La corrupción le cuesta al país en la forma de mayores costos de transacción, una menor inversión, obras públicas de menor calidad, servicios de menor calidad, menor crecimiento económico y menor desarrollo y bienestar de los mexicanos.
La ausencia de rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos junto con una ciudadanía que está prácticamente indefensa ante los actos que impunemente cometen los funcionarios corruptos se convierten en un cáncer que va destruyendo a la sociedad, en una enfermedad que inhibe el progreso económico. Contralorías, federal y estatales, van y vienen y la corrupción simple y sencillamente no se reduce y, peor aun, en muchas ocasiones aumenta.
La solución obviamente no es fácil pero sin duda una de los aspectos centrales en la batalla en contra de la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas en un entorno de democracia efectiva y abierta al escrutinio público. Y esto es lo que no se tiene, a pesar de algunos pasos que se han dado en esta dirección como es el caso del IFAI.
Y la pregunta; ¿quién será nuestro Perseo que aniquile a Medusa y permita que Pegaso vuele?